DESARMANDO AL ENEMIGO

       Algunos de ustedes estarán leyendo estas letras en un dispositivo móvil. No sé cuantos -el dato debe estar por ahí- pero sin duda son muchos más que hace unos años. No tengo memoria de mi hija con un periódico de papel en sus manos. Algunos habrán hecho como yo, que no apago el móvil por la noche y me limito a silenciarlo. Otros lo habrán conectado a primera hora de la mañana, y lo tendrán operativo hasta que se vuelvan a meter en la cama. Si usted pretende esconderse, sepa que durante esas horas el teléfono mantendrá activos cuatro sistemas de geolocalización. Además del famoso GPS, el RSSI es un indicador que mide la intensidad de señal en el entorno de una red inalámbrica, para conectarse a la más cercana. Luego está el bluetooth, que se pasa el día como un animal en celo, buscando a quien acoplarse. Y por último la tarjeta SIM, que envía señales cada pocos segundos a las antenas de telefonía móvil más cercanas. Antes de abandonarse al sermón catastrófico de los nuevos apóstoles de la privacidad conviene conocer mejor al mejor amigo del hombre, que ya no es el perro, sino el móvil. 

     Nuestro animal de compañía favorito incorpora más sensores: giroscopios, acelerómetros, magnetómetros, barómetros… y así hasta llegar a los dos juguetes preferidos de cualquier espía, la cámara y el micrófono. Es mejor no pensarlo mucho, pero vivimos pegados a dispositivos de vigilancia extremadamente sofisticados en estado de alerta permanente. Para no enloquecer conviene interiorizar tres premisas: en primer lugar, que están diseñados por personas más inteligentes que nosotros, que reducen mucho el margen de operaciones de los más precavidos. Por ejemplo, desactivar los servicios de localización de las plataformas digitales no impide que las compañías sigan localizando al usuario. No podrás localizar un lugar en Google Maps, pero Google sigue registrando tu posición. No podrás etiquetar una foto, pero Facebook sabe dónde estás. Es el precio que pagamos, y así descubrimos la segunda premisa: nada es gratis. 

         En general, aceptamos los anuncios personalizados en función de nuestros intereses mientras no sean demasiado invasivos. Sabemos que hacen negocio, no con nuestros datos, sino con los de millones de usuarios. Sentirnos una gota en el océano del Big Data nos hace más llevadera esta sumisión. También conocemos la conexión de las grandes empresas tecnológicas con las agencias estatales de inteligencia. Pero la mayoría de nosotros no preparamos atentados terroristas, ni conspiramos para derrocar gobiernos, así que damos por bueno que puedan echar un vistazo por todas partes si así consiguen cazar a los malos. He aquí la tercera y última premisa: en realidad firmamos un contrato de confianza con aquellos a quienes cedemos nuestra privacidad porque creemos que no van a traspasar ciertos límites. Esto no siempre sucede. En 2014, durante las protestas contra el presidente de Ucrania, Víktor Yanukòvich, cada manifestante recibió este SMS: “Querido usuario, ha sido registrado como participante en un disturbio masivo”. 

         Me vengo a referir a que, sobre todo en momentos críticos, hay que evitar forzar la confianza entre el ciudadano y las personas que ocupan el poder, y que por tanto pueden acceder a nuestros datos más sensibles. Después de 35 días confinados en nuestras casas el Gobierno ya no se atreve a dar el número de fallecidos por coronavirus. Lo va calculando. Esto es coherente con la ignorancia que nos guía a través de la peor pandemia mundial del último siglo. Sin embargo, en el piélago de información e infundios en el que flotamos, podemos atisbar dos certezas, avaladas por la experiencia de los países que han logrado evitar la escandalosa cifra de muertos que arrastra España. La primera, la necesidad de realizar test masivos a la población para conocer los contagios reales. Y la segunda, la conveniencia de tener localizados a esos positivos para evitar nuevos contagios, o al menos poderlos encontrar. Hoy, el espía que llevamos en el bolsillo puede salvar miles vidas, y permitirnos capear un poco antes la tempestad económica que se avecina.  

         Volvemos así al debate sobre la cesión de derechos individuales tras los atentados de Al Qaeda en 2001. En aquella ocasión comprábamos seguridad. Ahora se trata de nuestra salud, y de poder ganarnos la vida sin depender de un subsidio público. Por eso acojona tanto el momento escogido por Moncloa y el CIS para plantear la censura de contenidos en medios de comunicación digitales y en redes sociales. Los bulos masivos por Whatsapp en España se inventaron durante el 15M, pero entonces molestaban menos. O quizá se confiaba más en el criterio y la sensatez del ciudadano medio para discernir entre información y basura.  Hemos debido ir a peor, porque ese mismo ciudadano ve hoy un fotomontaje de la Gran Vía de Madrid repleta de ataúdes y al parecer saldrá corriendo a la calle para manifestarse contra el Gobierno. Entiendo que no ayude a mantener la cabeza fría que circule por nuestras pantallas la foto en bragas de la supuesta amante de un miembro de ese gabinete, pero ello no debería impedir ser algo menos osado en proponer mordazas mientras dura una situación en la que ya se ven restringidos derechos fundamentales de los ciudadanos. El estado de alarma no puede ser la excusa de Sánchez para convertir en realidad el sueño húmedo de Pablo Iglesias, que hasta hace poco definía el periodismo como “un arma que vale para disparar”. Que mejor excusa que una guerra, aunque sea contra un virus, para desarmar al enemigo. 

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