LA CALLE ES MÍA, TAMBIÉN

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            Daba un poco de miedo. En aquella atmósfera opresiva la escenografía intimidaba más que ver arder un autobús de madrugada. Y así durante años. Las pósters no amarilleaban por el sol, ni se arrugaban por el agua de lluvia. Es más, a veces los rostros llegaban a parecer más lozanos con el paso del tiempo. También puede ser que fuera mi mirada adolescente la que envejecía más rápido de lo normal. Supongo que los iban sustituyendo para que no se marchitara la causa a ojos del pueblo vasco. Cuando tenía ocasión me detenía unos segundos ante alguno de lo retratos, tratando de adivinar. Algunos sonreían. Otros aparecían pasmados, como en la fotografía de la ficha policial. Pero la expresión de una minoría acojonaba de verdad. Si en el infierno vive alguien tiene que mirar como Josu Zabarte en aquella fotografía suya expuesta durante tanto tiempo en la plaza del ayuntamiento de Mondragón, su pueblo natal. Le condenaron a 618 años de prisión por asesinar a 17 personas en 20 atentados terroristas. Es un promedio pobre, la verdad, teniendo en cuenta que en uno solo de ellos segó la vida de cuatro policías nacionales. En principio fueron tres, porque el cuarto quedó malherido y consiguieron subirlo a una ambulancia. Pero Josu era un tipo al que le gustaba hacer bien su trabajo, un gudariconcienzudo que persiguió la ambulancia unos kilómetros, la detuvo y remató al herido con otro balazo en la cabeza. La imagen de este salvaje ha ocupado durante años el espacio público de varios pueblos en Euskadi. Algunos de ellos, no todos, estaban gobernados por Herri Batasuna con mayoría absoluta.

            Pero lo peor con Zabarte llegó más tarde. Cumplió 30 años en prisión, y en 2014 hubo que escucharle al salir de la cárcel que él no había asesinado, que había ejecutado. Que ya había pagado por ello, y que eso de arrepentirse no iba con él, porque no es católico. La entrevista de Ángeles Escrivá en El Mundo fue tan impactante que uno de los guardias civiles que lo había detenido no pudo resistirse y contó los detalles de la operación: tuvieron que abatir a sus dos compañeros del comando Donosti mientras el valiente permanecía escondido en un armario del piso franco, literalmente cagado de miedo. En los interrogatorios cantó en el minuto uno de tal manera que su madre, también detenida, no se pudo resistir y al cruzarse con él en la comisaría le espetó: “hijo de puta -se entiende que ella misma- que has vendido a los tuyos”.

            Aún me quedan amigos que viven en esos pueblos, personas decentes acostumbradas a convivir durante años con aquella iconografía obscena por una cuestión de estricta supervivencia. O callabas, o estabas jodido. Quiso el destino que pocos días después de publicarse aquella entrevista yo cenara en Bilbao con uno de mis amigos de juventud, euskaldún, nacionalista hasta el tuétano y residente en una localidad del Goiherri vasco, la zona cero del independentismo radical en Guipúzcoa. En nuestra conversación salió el tema de los presos de ETA, y también las declaraciones del “carnicero de Mondragón”, que así se conocía a Josu Zabarte. Y entonces se derrumbó. De repente comenzó a sollozar, sin previo aviso. Lo primero que pensé fue que se nos había ido la mano con la segunda botella de Marqués de Murrieta, o que quizá yo había sido demasiado duro al criticar la pasividad de tanta gente honrada pero silente durante años ante aquella catástrofe moral. Pero no, no era eso. Le rocé el antebrazo y le sugerí que cambiáramos de tema, pero él se quiso confesar. Le daba vergüenza haber pasado cada mañana durante años delante del retrato de aquel asesino, con su hijo cogido de la mano, acompañándolo a la ikastola, mirando hacia otro lado. Así resumió su bochorno: “nos indignamos cuando Fraga dijo que la calle era suya, y nos callamos cuando ETA se la quedó”. Y concluyó: “aquella plaza también es mía, y de mi hijo”.

            Oriol Junqueras no ha matado a nadie, ni tampoco el resto de políticos catalanes que permanecen en prisión investigados por graves delitos. Hay personas decentes y juiciosas que consideran excesivo el mantenimiento de esa situación de prisión preventiva, pero también las hay, igual de decentes y juiciosas, que entienden justificada esa decisión judicial. Unos ponen lazos amarillos en lugares públicos, y otros los quitan. En la mayoría de casos la cosa queda ahí, pero hay algunos que se enfadan e insultan a los otros. A veces el insulto no resulta suficiente para mostrar el enfado, y entonces han comenzado a llover hostias en Cataluña. Esto en general  no ha sucedido en el País Vasco, porque la capacidad de amedrentamiento de los amigos de Josu Zabarte era muy superior a la de resistencia de la gente asqueada por tanta carcundia moral. Pero en Cataluña de momento no hay tiros, y aunque se apedrean comercios y se hacen pintadas y tuits amenazantes, una parte de la ciudadanía ha salido a decir que las playas, las plazas, los parques y las calles son de todos, o sea, que también son suyas. El nacionalismo a esto, a llevarle la contraria, le llama generar crispación social. Eso no sucedería si el resto de la población, tan cabezota, asumiera de una vez que la calle es del independentismo, como en su día fue de Fraga.

            Cuando el Estado desaparece sobreviene el caos. Esto es así desde la Edad Media. El espacio público, es decir, el lugar donde se mueven individuos que piensan de distinta manera, no puede convertirse en la sede infinita y permanente de unas ideas políticas, o de unas reivindicaciones, ni siquiera cuando éstas sean mayoritarias. Porque entonces desaparece la neutralidad de ese espacio, y con ello la posibilidad de convivencia pacífica. Desde el inicio de los tiempos siempre ha habido alguien, de cualquier bando, dispuesto a soltar una hostia. De ahí la necesidad de impedir que el ágora se convierta en un ring de boxeo sin árbitro, o peor aún, con el árbitro en nómina de uno de los púgiles. La plaza del pueblo como cuadrilátero político no contempla la posibilidad de combate nulo: o se silencia al disidente, o se le expulsa, o siguen los mamporros.

            Los símbolos oficiales, eso tan casposo de lo que tanto se ha mofado una parte de la opinión pública progre en los últimos años, son importantes porque son de todos, como la Ley que los ampara. Y son esos los únicos que pueden ocupar de manera continuada el espacio y las instituciones públicas, porque esas instituciones, como las calles, son de todos, no del que gobierna. Con su legendaria y habitual torpeza comunicativa, esto es ni más ni menos lo que quiso aclarar el anterior Govern de Baleares con la Ley de Símbolos, derogada por el actual pacto de socialistas, nacionalistas y populistas de izquierdas a los cinco minutos de acceder al poder. La abolieron a sabiendas que nadie iba a colocar una bandera del Real Madrid en la fachada de un instituto. Entonces era un lazo con la bandera cuatribarrada en defensa de la inmersión lingüística en catalán, pero hoy podría ser uno de color amarillo si así lo decidiera el claustro de profesores. Si esta obviedad la quieren asociar a la extrema derecha, que no se extrañen luego de su auge electoral.

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