LA COMUNIDAD SANITARIA IMAGINADA

      La ciencia política entiende la ingeniería social como la aplicación de programas orientados a modificar o influir en las relaciones sociales, de tal modo que se alcancen unos objetivos previamente definidos. Para Karl Popper cabía un implementación razonable de determinadas propuestas -la propia de las democracias- o una implementación utópica, que pretende resolver los problemas de forma directa. Esta segunda es la que caracteriza a los sistemas totalitarios. Como siempre, la realidad nos muestra que entre el blanco y el negro que describía Popper existe una variada gama de grises. La exigencia del catalán como requisito para acceder a un puesto de trabajo cualificado en la sanidad pública de Baleares constituye un ejemplo esmerado de ingeniería social con un enfoque a largo plazo. Se ha de reconocer en este punto un éxito sin precedentes en nuestra comunidad del nacionalismo identitario, representado por una formación política que en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 65.000 votos, es decir un 15% de los votos emitidos, poco más del 8% del total del censo electoral. 

           No admitir la rotundidad de este triunfo de Més sería una flagrante injusticia hacia una coalición electoral que obtuvo en 2015 los mejores resultados de su historia. Su gurú electoral ha acabado como sus contratos, troceado, en su caso por una izquierda que lo ha recluido en las mazmorras del deshonor. Pero antes de eso logró convencer a sus contratantes de la necesidad de plantear una campaña amable, transversal, cómplice, ecologista, social, sostenible, simpática… Més destrozó su techo electoral soslayando los mensajes identitarios y la utopía de unos Països Catalans débilmente apuntalada sobre los 5 parlamentarios de 59 posibles que había obtenido en 2011. Una vez doblado el número de diputados y alcanzado el poder, los “pata negra” herederos del PSM histórico vuelven a imponer la esencia del nacionalismo lingüístico.

           En 1966 Elie Kedourie ya había descrito en su obra Nacionalismo la finalidad de la educación para esta ideología, “que no es la transmisión del conocimiento o sabiduría tradicional y los medios ideados por una sociedad para atender las preocupaciones comunes; su propósito es más bien totalmente político, someter la voluntad del joven a la voluntad de la nación. Las escuelas son instrumento de la política del Estado, como el ejército, la policía y la hacienda pública”. Yo conocí este libro en la Universidad de Deusto, cursando en primero de carrera la asignatura de Derecho Político. En el aula contigua la misma asignatura la daba en euskera Xavier Arzalluz, por entonces presidente del Partido Nacionalista Vasco, y por ahí ya íbamos entendiendo algo. Los efectos en Cataluña de una aplicación estricta de esta teoría no precisan comentarios.

          Gracias a la lengua propia, el nacionalismo identitario ha logrado copar uno de los dos grandes servicios públicos básicos que garantiza el estado social, la educación. Quedaba el otro, la sanidad. Por cuestiones demográficas y de calidad asistencial, ni en Cataluña ni en el País Vasco se han atrevido con el personal sanitario, o quizá no lo han considerado oportuno sopesando los pros y los contras de imponer como requisito el conocimiento del euskera o el catalán en dos comunidades en las que el nacionalismo ha gobernado de manera casi hegemónica durante décadas de democracia. Pero en Baleares existe un problema añadido. El enorme peso del turismo en nuestra economía ha obligado y sigue obligando a importar mano de obra -por cierto cada vez más barata- desde la península. Y a eso hay que añadir la inmigración extranjera a una comunidad que genera miles de puestos de trabajo no cualificados. Así no hay manera de avanzar a un ritmo aceptable, como el de Cataluña, en el proyecto de construcción nacional. Tras dos décadas de inmersión lingüística de facto en Baleares, el uso social del catalán está en retroceso. Había que meter un piñón más. 

          Pero no hay que dramatizar, aún no. Esto va de lluvia fina. No se va a producir una fuga masiva de profesionales de la sanidad, ni van a quedar sin cubrir centenares de plazas necesarias para mantener un servicio digno. Los responsables del IBSALUT van a sudar sangre en la gestión de ese día a día. Saldrán del paso repescando a quien haga falta sin catalán acreditado para salvar el expediente. Pero el proyecto de ingeniería social avanzará lentamente, sin descanso, como el magma de ese volcán en erupción de Hawai. Sabes que te puede abrasar, pero da tiempo a salir corriendo, o a escoger otra isla para instalarse. Porque el objetivo no es echar a la gente por no saber catalán. La idea es que en unos años no se presenten, o se presenten menos médicos o enfermeros forasteros. Hoy Baleares, como Cataluña y en su día el País Vasco por otros motivos, comienza a percibirse en España como una comunidad hostil, o al menos más complicada que otras para desarrollar una carrera profesional. Los profesionales de la sanidad -personas a las que mayoritariamente y por una cuestión vocacional les gustan las personas, ayudarlas y comunicarse con ellas evitando conflictos por razón de la lengua- comentarán esta complicación añadida tomando un café en Alicante, o en Santander. Cumplido el objetivo del nacionalismo lingüístico, el gran interrogante a resolver es qué pinta en toda esta historia el Partido Socialista Obrero Español, defensor de los derechos de los trabajadores de España, o el partido Podemos, defensor de la gente, de toda, con y sin certificado de catalán. 

         Porque los “pata negra” del PSM lo tienen claro cuando llegas al final de la discusión con ellos: pues que no vengan. En esto consiste un proyecto de ingeniería social excluyente para alcanzar una comunidad más aldeana, menos mezclada, más tribal. Es la “comunidad imaginada” de Benedict Anderson, que entendía la nación como una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por quienes se consideran miembros de ese grupo, y no forjada a lo largo de siglos de hazañas y resistencia. Dice Anderson que “la gente piensa que el nacionalismo va del pasado pero en realidad está construido sobre una idea del futuro, de un destino común que no existía en las sociedades dinásticas anteriores”. Este es el meollo del asunto, pero aquí nos enzarzamos con los rótulos de las tiendas. La Abogacía del Estado puede recurrir unas subvenciones municipales a empresas por comunicarse solo en catalán, o sea, por excluir la otra lengua oficial, el castellano. Pero no puede hacer nada para garantizar la igualdad de oportunidades de los españoles para acceder a los puestos de trabajo de la sanidad pública en todo el territorio nacional. Y dicen que este es un país centralista. 

           El aparato de Més argumenta que este compromiso ya figuraba en su programa electoral. Es el mismo razonamiento que empleó José Ramón Bauzá en defensa de su TIL, con la diferencia que el PP había obtenido el 46% de los votos y 35 diputados. No nos extenderemos en las consecuencias de considerar que el mero hecho de tener firma en un boletín oficial avala la pertinencia de cualquier decisión política. El PP perdió 15 diputados en los últimos comicios. Veremos si el descalabro de Més el año que viene alcanza esas proporciones, o las supera, aunque luego dirán que la culpa la han tenido cuatro contratos fraccionados porque su electorado es muy exigente con la corrupción. No quieren entender que los electores que hacen duplicar la representación de un partido en cuatro años son, de inicio, todos prestados. Si satisfaces moderadamente sus expectativas te vuelven a votar, y si no se van. Cuesta creer en este arrebato lingüístico de los electores que sumaron en 2015, después de aquella campaña de las sonrisas y las no imposiciones. Lo van a pagar porque hay dos asuntos en los que el ciudadano admite pocas bromas políticas: el bolsillo y la salud. 

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