Columnata abierta

“¿Habéis venido dispuestos a pecar esta noche en el Cabaret Maldito?”. Se escuchan unos tímidos síes entre el público. La audiencia masculina se muestra cohibida por el temor a terminar en calzoncillos sobre el escenario. El riesgo de las féminas es mayor, porque se exponen a encontrarse allí arriba con la cabeza de un actor enano incrustada entre sus piernas. Así que el maestro de ceremonias zahiere al personal: “veo que hoy tenemos muchos maricones entre el público”. Y repite la pregunta. A la segunda la gente se anima un poco más, y el émulo de Lucifer que conduce la función concluye: “vale, veo que habéis venido también algunos heteros”. Risas. He leído en las crónicas sociales que al estreno del show en Palma asistió el vicepresidente primero del Govern, Biel Barceló. No lo vi entrar, y tampoco lo vi salir apresurado para denunciar a los promotores del espectáculo por proferir expresiones vejatorias en público contra el colectivo homosexual, tal y como recoge el artículo 14.2.e) de la Ley 8/2016 para garantizar los derechos de LGTBI. Es lo que tienen las leyes, incluidas las que contienen artículos absurdos, que luego hay que aplicarlas. Un detalle que conviene tener en cuenta antes de enviarlas al Boletín Oficial.

No hay noticias de la presencia en el artístico akelarre de la presidenta del Govern, que en esas fechas debía estar muñiendo su aplastante victoria en el congreso regional del PSIB. Los admiradores de Francina Armengol destacan de ella su capacidad de supervivencia política, la facilidad con la que lamina a los adversarios dentro de su formación, y su habilidad para extraer petróleo de resultados electorales paupérrimos. Yo estoy de acuerdo, pero éstas son virtudes para regocijo suyo y de los militantes de su partido. El resto de ciudadanos se benefician poco de estos atributos. Para mi Armengol atesora dos cualidades valiosas que dignifican la función política en estos tiempos de tiroteo indiscriminado sobre cualquier representante público. En primer lugar, su talante personal. Nunca he entendido su mote despectivo de la “riallera”, ni he compartido las burlas hacia ella por su capacidad para sonreír tan a menudo. A mi su empatía y su expresión jovial me parecen compatibles con una dialéctica parlamentaria en ocasiones demasiado agresiva. Hay un tiempo para cada cosa.

En segundo lugar, y esto me parece aún más importante en un representante público, Armengol encaja mucho, y encaja bien. La capacidad para aceptar las críticas con deportividad y escuchar lo que no les gusta es una aptitud menguante entre los dirigentes políticos, que en general tratan de rodearse de personas cuya principal misión consiste en opinar o aconsejar sin llevar la contraria al jefe. La presidenta del Govern ha demostrado su talante respetuoso con hechos. Dos de sus más cercanos colaboradores son periodistas sin el carnet socialista, dos personas sensatas e inteligentes que están gestionando la comunicación y la imagen de la presidenta con bastantes más aciertos que errores. Alvaro Gil y Quim Torres saben bien de qué va este asunto porque han estado al otro lado de la trinchera. Se han expresado con independencia en los medios en los que han trabajado y han sufrido las presiones del poder político. Vamos, lo normal en el gremio. Por eso conocen el valor de la libertad de expresión en el día a día de su trabajo pasado, y también futuro si abandonan la moqueta y vuelven a una redacción.

Así que estoy seguro que ambos periodistas, hoy altos cargos de la administración autonómica, deben juzgar aberrante la propuesta del Govern de multar con 3000 euros a un articulista por una pieza de opinión. Lo relevante aquí no es el motivo del expediente, una acusación absurda de homofobia y apología del bullying que se desmonta de un plumazo. Tampoco la petición inmediata de disculpas del autor, públicas y privadas. Ni siquiera el nombre del columnista, ni el medio en el que publica sus colaboraciones. Todo eso es la anécdota. El escándalo reside en la categoría, o sea, políticos castigando a alguien por su opinión. Como el Tribunal de Orden Público (TOP) del tardofranquismo, pero en versión light y perfumada con esencias progres. Al menos Franco se tomó la molestia de disfrazar su inquisición política con ropajes judiciales. Los de ahora ni siquiera disimulan, y desde que el expediente se hizo público guardan un ominoso silencio. Es inquietante, e impide guardar el asunto en el cajón.

Yo imagino a Bauzá, Delgado o Estarás multando a columnistas a cuenta de insinuaciones sobre mangueras, relaciones incestuosas o el tamaño de sus posaderas, y lo siguiente es el Consolat de Mar asaltado por estos modernos sans culottes, tan comprensivos con la apología de la violencia en Twitter y tan implacables con un párrafo fuera de lugar. Cualquier periodista cabal que escucha cómo un político toca en la puerta de al lado, deja un multa y no pasa nada, debería saber que el próximo puede ser él. Y debería saber también que el camino tomado por este Govern es siniestro y nocivo para nuestra salud democrática. Ya digo que Alvaro Gil y Quim Torres son dos profesionales de la cosa, cabales y decentes. Por eso estoy seguro que habrán advertido a su jefa de la hipocresía que supone emplear un TOP, aunque sea disimulando, y acto seguido taparte las vergüenzas con la pancarta de la manifa en defensa de las libertades y los derechos ciudadanos. Armengol debería escucharles, rectificar, no usar el TOP, y sonreír a los cargos más sensibles de su partido mientras les explica cómo se digieren las críticas, por desafortunadas que sean. Para los casos de indigestión aguda quedan los Juzgados.