PACIFICAR LA CORRUPCIÓN

Año 2029. Más de 600 militantes del Partido Populista Obrero Español permanecen encarcelados en España. Todo comenzó tres décadas antes. Los casos puntuales de corrupción que pueden producirse en cualquier democracia dieron paso al conocimiento de un saqueo generalizado de fondos públicos. El sistema de latrocinio se fue engrasando y perfeccionando durante años, con la necesaria colaboración de políticos, funcionarios, empresarios, profesionales diversos y periodistas silenciosos. También ayudó la pasividad de una ciudadanía anestesiada por la bonanza económica y un crecimiento efervescente de derechos sin obligaciones. El mecanismo expoliador alcanzó su apogeo durante una legislatura de manicomio, con unos presupuestos de obra pública diseñados por el guionista de Toy Story: hasta el infinito y más allá. Costosas infraestructuras fueron construidas tras un concurso de ideas en el que sólo podían participar los residentes en frenopáticos. Metros sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, y un Plan Z de inversión pública perfecto para facilitar y acelerar un atraco masivo a los contribuyentes.

Al irse conociendo los primeros escándalos se produjeron condenas puntuales. Pero el rascacielos de la corrupción colapsó por completo cuando un conocido empresario fue investigado por la Agencia Tributaria. Aquel expediente concluyó con una multa millonaria, que además acarreaba pena de prisión. El empresario se avino a negociar para evitar la cárcel, facilitando a los investigadores datos concretos sobre las comisiones pagadas y sobre el sistema ideado para blanquear ese dinero recibido por el principal responsable político de la trama. Aparecieron las pruebas documentales de los sobornos, y también las cuentas radicadas en paraísos fiscales del Caribe. Afloraron además las facturas falsas emitidas para permitir que el jefe de la banda pudiera mantener durante un tiempo su fastuoso tren de vida cuando ya estaba siendo investigado, incluso cuando ya pesaban sobre él las primeras condenas, eso sí, leves. Pero la confesión del empresario lo cambió todo. Se produjeron arrepentimientos en cascada, y el castillo de naipes marcados se desmoronó en cuestión de semanas. De pronto todo el mundo recuperaba la memoria, y el sálvese quien pueda acabó con el centro penitenciario más cercano a la capital del expolio colapsado por una avalancha de políticos presos.

En un momento dado, casi la mitad de esa población reclusa pertenecía a la banda de delincuentes. Los corruptos se organizaron dentro de la cárcel. Extorsionaban al resto de presos, lograban privilegios y controlaban a los funcionarios de la prisión. Es lo que se ha venido conociendo como comportamiento mafioso. Entonces los responsables de Instituciones Penitenciarias tomaron la decisión de dispersar a estos presos por cárceles de toda la península, incluso a algunos reos los enviaron a Canarias. Pero esos delincuentes, y sus amigos que permanecían en libertad, mantenían importantes conexiones financieras y mediáticas. Gracias a ellas fueron capaces de activar mecanismos de influencia para propagar un discurso explicativo. Toda aquella gente estaba en la cárcel por culpa de un conflicto, un conflicto económico. No les quedó más remedio que robar porque el sistema no les permitía alcanzar sus legítimas aspiraciones monetarias. Los años de represión económica, en los que siempre ganaban dinero los mismos, quizá no justificaba, pero al menos sí ayudaba a entender las razones por las que esa gente se había metido el dinero público en sus bolsillos. Eran personas normales, que luchaban por dar una vida mejor a sus familias, y que se simplemente se rebelaban contra el statu quo establecido por una vieja oligarquía de orígenes franquistas.

Por increíble que parezca, ese relato logró calar en una parte de la opinión pública. Obtuvo el respaldo de una parte significativa del electorado, que asumió la teoría del conflicto económico y continuó apoyando en las urnas al Partido Populista Obrero Español. El colectivo de familiares de presos corruptos se organizó. La asociación Capacanostra consiguió subvenciones para los viajes a los centros penitenciarios más alejados. Se creó un descuente de residente especial para familiares de corruptos, que alcanzaba el 75% del precio del billete aéreo. También se logró un acuerdo con las universidades públicas, para facilitar el acceso a títulos superiores de los corruptos encarcelados sin necesidad de hacer exámenes. Sólo cuatro años antes, en 2025, la organización criminal había hecho público su acuerdo de no robar más. No era posible la entrega definitiva de sus arsenales económicos, las cantidades defraudadas al erario público, pero existía una firme voluntad de abrir vías de diálogo entre las dos partes del conflicto: la de los que habían robado durante las últimas tres décadas, y el resto que habían sufrido los efectos del expolio en forma de recortes en derechos sociales y una fiscalidad extractiva. La presión iba en aumento. Paulo Mezquitas, líder de una nueva formación política, declaraba que “tras treinta años de conflicto económico, ya va siendo hora que los políticos presos por delitos de corrupción vayan saliendo de las cárceles”. En ese contexto, el Presidente del Gobierno se ve en la obligación moral de recibir en su despacho oficial a los representantes del colectivo Capacanostra, y hacer una declaración pública reconociendo de manera explícita el sufrimiento durante estos años de los familiares de los corruptos.

Quizá esta columna les haya resultado un delirio nauseabundo, pero el lehendakari Iñigo Urkullu, se ha reunido la semana pasada en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco con los familiares de presos de ETA para darles cariño y manifestarles su comprensión. Y nadie, salvo las víctimas del terrorismo, ha vomitado de asco.

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