Columnata abierta

Se acabó la crisis. Comienza la fiesta, discreta, que acabamos de enterrar al muerto y tampoco es cuestión de poner la música a todo volumen, pero nos hemos ganado unas copas y un baile, que lo hemos pasado muy mal. En el primer trimestre de 2014 la economía española ha crecido un 0’4%, el mejor dato de los últimos seis años. La banca vuelve a dar beneficios y las entradas para el concierto de los Rolling Stones en Madrid se agotan en una hora. Regresa el crédito, se anima el consumo familiar y se disparan las ventas de ginebra. Ficht, una de las agencias de calificación que hubieran llamado a la tranquilidad a los habitantes de Hiroshima con la bomba atómica cayendo sobre sus cabezas, eleva la calificación de nuestra deuda a BBB+: buena, bonita y barata. El Estado se ahorra así casi 9.000 millones de euros del coste de su financiación. Y la traca final de este cotillón: la Encuesta de Población Activa se actualiza a una velocidad de vértigo con el padrón de 2011, y afloran 377.000 nuevos empleos, de los cuales 114.000 son funcionarios. España cierra el 2013 con una tasa paro del 25’7%, un escándalo tres décimas inferior al que creíamos soportar. Nos merecemos un brindis. En este país se sale de un funeral y de seguido se entra en un bar.

Todo estos datos, exceptuando la gira de Mick Jagger y la ingesta masiva de gintonics, confirman lo que los expertos califican como “mejora sustancial de los indicadores macroeconómicos”. Hay que decir que el motivo del guateque es un tanto exclusivo, porque no están invitadas 5.935.600 personas en edad de trabajar que no pueden hacerlo. Analicemos este rasgo de la marca España, que provoca el sonrojo de cualquier persona honesta que no se encuentre en estado de embriaguez de poder político, o borracho por la demagogia opositora. De esos 377.000 nuevos ocupados, 360.000 son asalariados. El resto, 17.000, son autónomos. Se rompe aquí la leyenda urbana que circulaba estos últimos meses sobre el maquillaje de las cifras del paro gracias al incremento exponencial de empleados por cuenta propia, que en realidad no lo son. Había tantos emprendedores en este país que ya había quien se mofaba de ellos en los artículos de opinión. Otro rasgo de una sociedad cainita. Ya vemos que no son tantos, y tampoco es necesario construirles un monumento. Bastaría con no ponerles la zancadilla en su ascensión al Gólgota de un mercado cada día más competitivo, y no lapidarlos en la plaza pública con una fiscalidad extractiva.

Según un informe del Banco Mundial, el 58’6% de los beneficios de las empresas en España se dedican a pagar impuestos. No hace falta ser un experto fiscal para intuir que esta ola confiscatoria no salpica a las grandes corporaciones, sino a las pymes y micropymes que componen el ochenta por ciento de nuestro tejido empresarial. ¿Somos idiotas en España, o más vagos que en otros países? No exactamente. Veamos el ejemplo de un país golpeado con dureza por la crisis, afectado por drásticos recortes en el gasto público, y cuyas cifras de paro no se han acercado ni de lejos a las nuestras. En el Reino Unido existen alrededor de cinco millones de pymes que representan prácticamente la mitad del empleo en el sector privado. Tres cuartas partes de esas pequeñas empresas sólo tienen un empleado, el propietario. Los trámites para constituir una sociedad según la fórmula jurídica del sole ownership (propietario exclusivo) se completan en unas tres horas y su coste asciende a unos 70 euros. El capital social para montar tu propio negocio es de 40 libras. En España tardas alrededor de un mes en constituir una sociedad limitada, y el capital social mínimo es de 3000 euros. El tiempo para poner en marcha un negocio en nuestro país es el doble que la media de los países de la OCDE.

En el Reino Unido la mayoría de pymes no están registradas en concepto de IVA, porque la ley británica excluye de esa obligación a las empresas que facturan menos de 68.000 euros al año. En España, en Enero de este año entró en vigor el llamado IVA de caja, que en teoría venía a poner fin a uno de los atracos más siniestros que el Estado venía perpetrando impunemente sobre decenas de miles de autónomos y pequeños empresarios, al obligarles a liquidar el IVA de las facturas no cobradas. Pues bien, este es otro ejemplo de una buena idea mal ejecutada, porque sólo el uno por ciento de las pymes y autónomos se han acogido hasta ahora al IVA de caja. Las reformas estructurales, o el emprendimiento, son conceptos que de tanto manosearlos los hemos vaciado de contenido. En un país que maneja unas cifras de paro tan bochornosas, es urgente una reforma fiscal cuyo objetivo fundamental no debería ser el incremento de la recaudación, sino la generación de empleo. Porque las consecuencias de esa fiscalidad leonina sobre autónomos y pequeños empresarios, y de unos costes insoportables de Seguridad Social, las pagamos a escote entre todos en forma de prestaciones por desempleo y subsidios. Es el mismo dilema del tercer mundo: dar de comer o enseñar a pescar. Aquí les quebramos la caña a los que salen a faenar, y luego nos tomamos una copa a su salud.