JUECES AL PAREDÓN

La semana pasada conocimos que el presidente del Tribunal Constitucional estuvo afiliado al Partido Popular, lo cual deja patente que cualquier recurso que pueda interponer el gobierno de Rajoy, o el partido que preside, será fallado favorablemente por este magistrado. Sucede que en Estados Unidos es el Presidente quien nombra a los miembros de su Tribunal Supremo, que se mantienen en el cargo de manera vitalicia. Sólo que éstos, al parecer, son menos agradecidos que los nuestros, y por ello logran mantener su independencia. A lo largo del siglo XX, numerosos miembros del Tribunal Constitucional alemán, pionero del resto de los europeos, estuvieron afiliados al partido socialdemócrata, o al democristiano. Como en cualquier país desarrollado, su nombramiento supone la culminación de una prestigiosa carrera en la judicatura, y el comienzo de la etapa final de una larga vida profesional, que, precisamente por ser la última, se debe alejar aún más del lodazal partidista. Pero España es un país en el que a los políticos disgustados por una sentencia adversa a su partido, a su ideología o a su planteamiento territorial, el mejor insulto que se les ocurre para referirse al Tribunal Constitucional es decir que éste es un tribunal político. Resulta curioso el improperio, porque es justo así como lo definen los manuales de la asignatura de derecho constitucional, que por algo se llamaba antaño derecho político. Me tendrían que explicar cómo puede ser “no político” un tribunal que, a la luz de la norma fundamental del Estado y sin formar parte del Poder Judicial, es el encargado de juzgar e interpretar los actos y las leyes que perpetran los políticos.

Pero descendamos un par de peldaños en el escalafón. Gallardón ha presentado un proyecto de ley que permitirá a un juez establecer la custodia compartida incluso en contra de la voluntad de los padres que se divorcian. Una comunicación desastrosa por parte del Ministerio de Justicia ha obrado una vez más el milagro de la unanimidad en las críticas, cuando el objetivo de la reforma legislativa es evidente, y loable: desactivar el mecanismo por el cual la parte que se opone a la custodia compartida, porque la pretende en exclusiva, puede bloquear un posible acuerdo para encontrarse así en una situación más favorable a sus pretensiones. Pero no, la interpretación ha sido otra: lo que aparece ante los ojos de algunos es una masa ingente de descerebrados insensibles disfrazados de jueces de familia que van a reventar todos los acuerdos que alcancen los progenitores, para imponer la custodia compartida incluso a un padre que considera, por los motivos que sean, que sus hijos deben permanecer junto a la madre, o viceversa.

Volvamos a subir un escalón, porque al parecer los magistrados del Tribunal Supremo son otro colectivo más de mindundis que viven pendientes del teléfono antes de escribir una sola línea de una sentencia, o de un voto particular. Poco importa la carrera, las oposiciones, o, en el caso de la jurisdicción penal, treinta años de sus vidas decidiendo sobre lo más sagrado de las personas, su libertad. Como simple licenciado en derecho me cuido mucho de opinar sobre cuestiones de gran complejidad jurídica, y menos aún sobre casos concretos que se están juzgando o se hallan en fase de instrucción. Sin embargo, leo informaciones y comentarios a diario, valorando hechos y ajustándolos con rotundidad a determinados tipos penales, y pienso que con esa misma capacitación técnica yo podría hacer el peritaje de un Boeing 747. Ya nos hemos acostumbrado a que políticos de todo signo desbarren en sus declaraciones, y si es vía Twitter hasta lloramos, o reímos. Pero asusta la vehemencia de las críticas, la violencia verbal del reproche contra las resoluciones judiciales que no se ajustan a nuestros deseos. Hay una hostilidad salvaje en las opiniones que denota un exceso de rabia, y esto es incompatible con la aplicación de la justicia. Y entonces se dispara por elevación, con metralleta, contra los jueces y fiscales que no satisfagan nuestro íntimo concepto de justicia. Es más, en el edificio judicial, la puerta que separa a los héroes de los villanos es giratoria: los colocamos en una u otra categoría según cada sentencia, petición de imputación, o escrito de acusaciones que formulen. Son tantos los pulgares hacia abajo en las gradas del coliseo que abogados en ejercicio llegan a calificar las sentencias del Tribunal Supremo como “cambio de cromos”, y ponen en duda de manera genérica la independencia y el rigor profesional de los jueces que ocupan la última instancia del Poder Judicial en España. Si nuestros tribunales son ese teatro de variedades, me pregunto cómo se puede tener la desvergüenza de minutar a un cliente por hacer de payaso en semejante circo. Si ellos son tan honrados deberían dedicarse a una actividad menos podrida.

Una sociedad puede sobrevivir al descrédito de sus políticos, aunque el coste sea tremendo. Pero fumigar con napalm el prestigio de la judicatura, desde uno u otro lado, en función de los deseos de ver en la cárcel a determinados personajes, es una operación bélica que provoca innumerables víctimas colaterales. A Al Capone no lo cogieron con un revólver humeante en la mano, pero el delito fiscal existió, se encontraron las suficientes pruebas, se le juzgó con todas las garantías procesales, y finalmente se le condenó. Así funciona esto, incluso para los gánsters.

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