Hace unas semanas alertaba en estas mismas páginas de opinión sobre las posibles consecuencias de un proyecto de ley del gobierno central que se anunciaba para garantizar el suministro e incrementar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. A estas alturas de la película, cuando leo un título tan pomposo en el BOE, instintivamente me llevo la mano a la cartera, o al revólver, porque siempre aparece en el bar algún forajido con ganas de armar lío en el bolsillo del contribuyente. Decía que hace unas semanas me pitaron los oídos con este asunto, pero ahora ya he escuchado de cerca los cañonazos.
Días atrás, el Cercle d’Economia de Mallorca que preside Alejandro Forcades organizó una conferencia bajo el título “La generación eléctrica en las Islas Baleares: nuevos retos y amenazas”. Impartió la charla José Casas Marín, Director General de Regulación, Salud y Seguridad laboral, y Medio Ambiente de Endesa. Lo voy a repetir para que nadie se moleste en hacer interpretaciones capciosas: los datos los aportó un alto ejecutivo de una empresa gravemente perjudicada por esta nueva regulación del gobierno. Soy el primero que, por ser este señor parte interesada, pongo en cuarentena algunos de los números que aportó. Pero el conjunto es tan demoledor que debemos rezar para que sus señorías pongan en el Congreso de los Diputados algo de cordura a este despropósito legislativo perpetrado desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La cifras globales del déficit tarifario en España son tan brutales como las de los rescates a la banca, ininteligibles con todos esos ceros puestos en fila. Cómo será el número que hasta Obama se asustó al conocerlo, tan entusiasmado que estaba él con nuestras energías renovables. Hasta que vio el detalle del coste de la fiesta, con todos los molinillos girando alegres al viento, y esas placas solares brillando en el horizonte infinito. El diámetro de nuestro socavón tarifario se entiende mejor en porcentajes. Entre 2005 y 2012 las anualidades del déficit aumentaron un 1309%. Si viviera Josep Pla, exclamaría lo mismo que en su visita nocturna a una Times Square iluminada como un árbol de Navidad: muy bonito, ¿pero todo esto quién lo paga?. Nosotros, lo pagamos los contribuyentes, con lo que nos queda después del sablazo del IRPF y demás cuchillería fiscal.
El coste de la electricidad en España no es un problema de energía o de redes. Es un problema político. El ministro Soria ha declarado que está enmendando una política esquizofrénica en renovables, gas y carbón. Y no le falta razón, pero convendría que reflexionara sobre la terapia, no sea que el paciente empeore sin remedio. Tal y como creía hace semanas que podía suceder, el nuevo marco regulatorio convierte en inviable cualquier nueva inversión en la red eléctrica de nuestras islas. Voy a suponer que el ejecutivo de Endesa exageró los números, que según explicó son los mismos que ya presentaron ante los técnicos del ministerio. Con una Tasa Interna de Rentabilidad del -4,4%, el abismo para recuperar la inversión es tan descomunal que no habrá consejo de administración en su sano juicio que apruebe nuevas inversiones para los próximos años. La memoria es frágil y hemos olvidado aquellos tiempos, no tan lejanos, de apagones estivales y helados derretidos en las neveras.
El ministro Soria es un hombre inteligente e informado. Sabe que acaba de fallecer Giulio Andreotti, y que nadie más volverá a ser ministro durante cincuenta años. También sabe que su futuro político, antes o después, pasará de nuevo por Canarias, y es allí donde mantiene su particular pelotera con otro político avispado, Paulino Rivero, a cuenta de la cosa energética. A mi todo esto me parece muy bien, aunque me coge un poco a desmano. Yo sólo pido que las patadas en el trasero de este señor, o de una gran corporación, no comencemos a sentirlas los ciudadanos o las empresas de Balears en no mucho tiempo. Andan algunos contando con los dedos de una mano si hay un coche oficial más o menos tras la remodelación de gobierno de Bauzá, pero el coste a medio plazo de esta broma, si nadie lo remedia, nos podría bastar para terminar varios palacios de congresos. No parece que el nuevo Conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, vaya a disponer de un presupuesto boyante para estimular el crecimiento y favorecer a nuestras empresas. Pero puede empezar a aplicarse para que no empeore el abastecimiento energético, una de las pocas cosas que ha mejorado en nuestra comunidad en la última década.
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