Columnata abierta

Las razones por las que una gran corporación empresarial se puede ir a pique son variadas, pero podríamos resumirlas en dos: la primera, que no venda lo suficiente. La segunda, que cuanto mayores sean sus ventas, más pérdidas se generen. Este es el caso, por ejemplo, de Iberia. Cada vez que uno de sus aviones levanta el vuelo pierde dinero por culpa de una estructura de costes incompatible con el actual modelo de negocio en la aviación. Orizonia no está, ni ha estado, en ninguno de estos dos supuestos. A pesar de la caída de ingresos que ha sufrido todo el sector turístico por culpa de la crisis, su volumen de facturación se ha mantenido en unos niveles más que razonables. Y su resultado de explotación no sólo ha presentado cifras positivas, sino que ha sido considerado suficiente por sus acreedores financieros para ir refinanciando gran parte de su deuda bancaria. Así que las explicaciones para esta catástrofe empresarial debemos buscarlas por otro lado.

Todas las alarmas estaban sonando desde hace dos años. Una consultora del socio mayoritario de Orizonia, Carlyle, entra para analizar a fondo las finanzas del grupo. Al mismo tiempo, a comienzos de 2012 se prepara un ERE, que al contrario que en otras empresas de la competencia también afectadas por la crisis y que ejecutaron ERTES, queda guardado en un cajón a la espera de saber cómo evoluciona el negocio en verano. Y no va mal. Tanto que se engordó la estructura corporativa con nuevos departamentos y decenas de directivos contratados con salarios que alcanzaban en algún caso los 200.000 euros anuales. Cambio de marcas, campañas de publicidad de gran impacto, fiestas de tres días con mil empleados en un parque temático, cursos de formación para centenares de directivos… vamos, lo normal en un grupo empresarial que va como un tiro, aunque en este caso no se supiera muy bien en qué dirección.

Y así llegamos hasta el culebrón del pasado noviembre. Una vez lograda una quita de la deuda financiera superior al ochenta por ciento, algo inédito en este tipo de operaciones de recapitalización, se negocia durante semanas la entrada de un nuevo socio que aporte liquidez inmediata a una corporación al borde de la suspensión de pagos. Y cuando todo parece cerrado, en 48 horas se produce un giro en el guión que deja boquiabierto al mundo financiero y turístico, porque al nuevo comprador, Globalia, nadie le suponía una tesorería suficiente en estos momentos para afrontar una operación de esta envergadura. El anuncio se produce por sorpresa un domingo por la tarde, y yo no puedo dar crédito a quienes cuentan que el acuerdo entre José Duato y Juan José Hidalgo se cierra el sábado sobre la mesa de un restaurante. Varios millones de euros pendientes de pago por la due diligence de la operación, expertos consultores, bancos de inversión, abogados de minutas estratosféricas, semanas de trabajo extenuante y análisis exhaustivos de los balances… para nada. Al parecer eran gastos innecesarios porque todo estaba claro sin tanto documento inútil. Como el presidente de un equipo de fútbol que le pasa la oferta salarial a su megaestrella deseada escrita en una servilleta. Sólo que en este caso el papelito afecta a 5000 familias.

Aquí no se trata de contar una película en blanco y negro, con buenos buenísimos y malos malísimos, pero estamos conociendo hechos que un país serio tendrían consecuencias judiciales inmediatas. Si se demuestra, por ejemplo, que las dos sociedades de Orizonia que explotaban los contratos de gestión de los hoteles Luabay fueron traspasadas en Diciembre y ante notario a otra sociedad de Globalia, no estaríamos hablando de una garantía frente a la urgente aportación de capital del grupo de Hidalgo. Es una compraventa en toda regla que afecta sustancialmente a la operación pendiente del informe de la Comisión Nacional de la Competencia. A tenor de las noticias conocidas en los últimos días, este enfermo comienza a presentar un aspecto feísimo.

Siempre he defendido los buenos salarios de las personas con altas responsabilidades, pero esa moneda también debe tener su cruz. Lo que destroza realmente la imagen de España en el exterior no son los casos de corrupción, o un ejemplo de pésima gestión empresarial, ya veremos si fraudulenta, sino la percepción generalizada de impunidad, la sensación de que no paga nadie la ronda al salir. Y aquí no estamos hablando de un lío entre empresas privadas, de un juego de pillos, de un trile especulativo en bolsa. Aquí está en juego el futuro laboral de miles de personas, que ahora tendrán derecho a cobrar sus prestaciones por desempleo, y que pagaremos entre todos. Así que el asunto ya no es tan privado. Si tenemos a jueces y fiscales entretenidos en discernir la legalidad o no de contratos públicos de 12.000 euros, digo yo que algo tendrán que preguntar sobre este Titanic conducido por algunos directamente hacia el iceberg.