DOLOR DE OIDOS       

La polémica sobre la decisión del Ministerio de Sanidad de restringir la atención médica a los inmigrantes ilegales en España me mantiene asombrado desde hace semanas. Soy de los que pienso que en este mundo no sólo está casi todo inventado, sino a disposición de quien quiera conocerlo. El asunto es suficientemente delicado como para abordarlo con prudencia, pero al leer y escuchar los argumentos de algunos “expertos” a uno se le agolpan las preguntas. Si cualquiera de los sistemas de sanidad pública más avanzados del mundo establecen restricciones, mayores o menores, a la atención médica de las personas que se encuentran en situación irregular en esos países, ¿son sus profesionales de la salud menos solidarios que los nuestros?¿se pasan por el forro el juramento hipocrático?¿desconocen ellos la existencia de un código deontológico a la hora de ejercer su trabajo? Y sobre sus autoridades o responsables políticos, de izquierdas y de derechas, ¿son peores personas que nuestros representantes?¿manifiestan unas tendencias sádicas hacia los inmigrantes que no debemos aceptar aquí? ¿son portadores de un virus insolidario del que habíamos conseguido mantenernos inmunes hasta ahora?

Las crónicas de dos minutos en los telediarios dedicadas a la campaña electoral norteamericana sólo dan para regodearnos en la caricatura bicéfala de dos candidatos dando espectáculo ante las cámaras de televisión. Se necesita algo más de tiempo para explicar por qué la opinión de millones de simpatizantes demócratas ha rebajado sustancialmente el calado de la reforma sanitaria que pretendía Obama. En otras palabras, en Estados Unidos, muchos votantes de “izquierdas” de clase media tienen un concepto muy distinto al nuestro de lo que debe ser la sanidad universal, pública y gratuita. Quizá por eso nos suena un poco exagerado referirnos al premio Nobel de la Casa Blanca como un recortador del derecho a la salud de los inmigrantes ilegales.

Sin alejarnos demasiado de Washington, Canadá es un país receptor de inmigración y con una larga tradición en la concesión de asilo político. Es un estado orgulloso, y con razón, de mantener uno de los sistemas públicos de salud más avanzados del mundo. Está estructurado en trece servicios territoriales que comparten unos rasgos y una filosofía común, aunque el nivel de la asistencia médica varía. Cubre a sus ciudadanos y a los extranjeros residentes permanentes independientemente de si realizan o no un trabajo retribuido y de sus ingresos. Sin embargo, en algunas de esos territorios se establece un período de carencia para los extranjeros residentes legalmente antes de poder obtener prestaciones públicas sanitarias. En ese caso, están obligados a contratar un seguro médico privado temporal que les cubra ese período, y desde que se establecen en esa provincia tiene un plazo para hacerlo de… ¡cinco días! Pero no acaba aquí este ensañamiento insolidario. Para las personas sin recursos en situación irregular o en espera de contestación para obtener un permiso de residencia, hay establecido un programa temporal de atención sanitaria que establece con escaso margen para la interpretación quiénes se pueden acoger a él, y las diferentes coberturas para cada caso.

En Suecia, espejo de todas las virtudes del Estado del Bienestar, los inmigrantes ilegales no pueden recurrir gratuitamente al sistema público de salud. Tampoco en Austria. Y en los Países Bajos se modificó la legislación en 1998 para que los “sin papeles” sólo puedan recibir atención en unas condiciones tasadas de necesidad médica o por riesgo de enfermedades contagiosas.

No nos engañemos: aquí se ha aprovechado la improvisación chapucera del Ministerio de Sanidad, que ni siquiera se ha dedicado el mes de agosto a copiar lo que ya está inventado en otros países, para intentar un órdago a la grande por motivos ideológicos y apostando el dinero ajeno, o sea de todos, o sea de nadie. Las mismas ONG’s que desarrollan con sus fondos en Suiza un programa de asesoramiento para inmigrantes sobre enfermedades crónicas, como la tuberculosis o el SIDA, aquí instan a los médicos a la objeción de conciencia, pero de ocho a tres y en los hospitales públicos. Como ya somos conscientes de arrastrar unas cuentas públicas quebradas y un sistema de salud insostenible económicamente con un veinticinco por ciento de la población en paro, nos amenazan con la llegada de las siete plagas de Egipto. Pero luego resulta que a quien tienen que acompañar para amedrentar al personal de admisión de un centro de salud por querer cobrar a una persona que permanece ilegalmente en nuestro país no es al portador de una sífilis de caballo, sino a una señora a la que le duele un oído. A mi también me duelen los dos de escuchar a tanto demagogo irresponsable que pretende dar lecciones de salud pública y solidaridad con los más desfavorecidos a quienes nos llevan treinta años de ventaja en esto y en casi todo lo demás.

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