Debemos evitar por todos los medios que el bombardeo diario sobre la crisis nos entierre permanentemente en el búnker oscuro del pesimismo. Yo es que me agarro a un rayito de luz por pequeño que sea, así que leo las declaraciones de un vicerrector de la UIB explicando el descenso de alumnos en este curso académico y casi me pongo a dar botes de alegría. Pero rápidamente, el profesor me aclara que esta caída no viene motivada por una menor demanda de alumnos, sino por la incorporación de numerus clausus a más carreras universitarias. Y peor aún, revela que esa limitación de plazas no es producto de una razonable y meditada decisión de los órganos de gobierno de la Universidad para elevar el nivel de exigencia en el acceso a una educación superior. Es simplemente que no hay dinero. Termino de hundirme al enterarme que siguen aumentando el número de alumnos en las carreras de Geografía, Química, Ingeniería de la Edificación. Historia del Arte y Derecho. Hasta hace bien poco había más abogados en la Comunidad de Madrid que en todo Francia. Confundir la igualdad de oportunidades en la educación con el acceso universal a la Universidad nos ha llevado a una situación absurda y difícilmente reconducible. Y además ahora no la podemos pagar.
Cuarenta años de pobreza sin democracia pueden explicar la ignorancia total sobre algunos de los conceptos básicos que sustentan el moderno Estado Social. Unos de ellos es la igualdad de oportunidades, y el desconocimiento sobre su auténtico significado ha constituido un campo abonado para adulterarlo sin escrúpulos. El café para todos del Estado de las Autonomías se ha derramado sobre el mapa ibérico y ha dado para mucho más. Además de colocarnos un aeropuerto en cada capital de provincia, el uso extensivo de aquella tropelía en el campo de la enseñanza ha destrozado el sentido etimológico de la universitas, y hoy todos esos minúsculos reinos de taifas constituyen la antítesis del concepto de unidad y excelencia que la inspiró en su origen. Uno escucha los relatos de un catedrático sobre sus relaciones en el claustro y cuesta comprender semejante concentración de bajeza, miseria humana y cainismo entre personas a las que suponemos una elevada formación intelectual.
Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior haciendo brotar facultades como si fueran champiñones y aumentando exponencialmente el número de plazas ha sido una de las equivocaciones más graves y con peores consecuencias de futuro de todas las cometidas en nuestro país, que son unas cuantas. Lo que protege el derecho de los más débiles a obtener una titulación universitaria es un sistema potente y bien dotado de becas que promueva la meritocracia, no abrir las puertas de los campus de par en par para dar barra libre de diplomas. Esto, claro, no podía salirnos gratis: un informe de Eurostat sitúa a España como el país de la Unión Europea con más trabajadores sobrecualificados. El 31% de los trabajadores de nuestro país tienen un nivel de formación superior al que exige su empleo, superando ampliamente la media comunitaria que se sitúa en un 19%. Sin entrar a valorar el grado de frustración personal y la quiebra de multitud de proyectos de vida, esto supone un despilfarro económico descomunal e inasumible. Y lo que demuestra que, a pesar de nuestros bajísimos índices de natalidad, el problema ha seguido empeorando en los últimos años, son las cifras referidas a los jóvenes. En un país con un 45% de paro juvenil, el 39% de ellos cuenta con estudios superiores. Sin embargo, la Formación Profesional apenas alcanza al 50% de la media europea, y el Ministerio de Educación no advierte que necesitamos más de doscientos mil titulados medios para equilibrar la oferta de profesionales. Es decir, que mientras dos terceras partes del total de desempleados apenas cuenta con la enseñanza obligatoria, el otro tercio lo comprenden estudiantes universitarios. Pero en un alarde de masoquismo, seguimos gimoteando porque el recorte en las asignaciones de fondos públicos puede poner en peligro nuestro liderazgo europeo en el número de licenciados parados.
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