EL LAMENTABLE ABORTO DE LA LEY DE IGUALDAD (A BENEFICIO DE INVENTARIO)

Bramaba hace unos días la consellera Santiago en las ondas de IB3 Radio contra la ultraderecha del PP por no aprobar “su” proyecto de Ley de Igualdad. Poco después el Sr. Diéguez, portavoz parlamentario del PSIB, reforzaba y concretaba esa “fina” argumentación con su habitual exquisitez dialéctica, calificando de golpe de Estado el cambio de postura del PP por la presión del Opus Dei. Cerró la fiesta el presidente Antich definiendo al PP como cuatro señoritos de la derecha radical que están en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí queda eso. ¡Tontas y tontos del mundo, bienvenidos a la campaña electoral!

Vaya por delante mi opinión sobre el supuesto punto de fricción entre socialistas y populares: creo que las ventajas de la enseñanza mixta superan de largo a sus inconvenientes, que también los tiene, sobre todo en una determinada franja de edad. Lo que no tengo tan claro es que sea esa una razón suficiente para negar subvenciones públicas a los centros que opten por una educación diferenciada por sexos, dando por hecho que de sus aulas saldrán un porcentaje mayor de maltratadores o, sin llegar tan lejos, de chicos incapaces en un futuro de cambiar un pañal o de poner una lavadora. Sencillamente ridículo, o al menos muy discutible. Como también lo es relacionar indefectiblemente la educación diferenciada con el integrismo católico. No vamos a pedir que algunos políticos lean o se documenten un poco más antes de hablar o legislar. Sólo con suponer que van al cine de vez en cuando ya deberían conocer la existencia de centros de enseñanza laicos que optan por la segregación por sexos. Por tanto, debemos concluir que el trasfondo de la cuestión es mucho más ideológico que de interés general. Y este tipo de confrontación en democracia es normal, lógico e incluso saludable. Pero entonces resulta muy conveniente haber ido al colegio el día que explicaban que veintisiete diputados son menos que veintinueve.

La igualdad entre hombres y mujeres se promueve con decisiones legislativas sobre cuestiones infinitamente más trascendentes que el sexo del compañero de pupitre. Una de ellas, sobre la que prácticamente no existe controversia social, es la custodia compartida. A esto también se opone el Opus Dei, con el argumento de no facilitar las separaciones y, en consecuencia, la destrucción de la familia tradicional. Es decir, los hombres se separan menos por el miedo a perder a sus hijos, así que no se lo pongamos más fácil no vaya a ser que provoquemos una estampida. Hilarante si el tema no fuera tan serio, pero lo es. Sin embargo, en este punto la presunta influencia del integrismo católico no ha tenido que emplearse a fondo. El trabajo sucio de lobista a izquierdas y a derechas se lo ha hecho ese feminismo radical y trasnochado del que una inmensa mayoría de mujeres abomina públicamente.

No he escuchado ni a uno sólo de los 59 diputados de nuestro Parlament manifestarse abiertamente en contra de la custodia compartida de los hijos como régimen preferente en caso de separación. Sin embargo, 56 de ellos han votado en contra de las enmiendas presentadas en este sentido por los tres diputados de UM, o como se llame ahora. Como este es un debate totalmente superado en los países más avanzados en materia de igualdad de géneros, como les da vergüenza utilizar argumentos retrógrados y que entran en abierta contradicción con el resto del discurso teórico a favor de la conciliación de la vida laboral y familiar, el reparto de las tareas domésticas, etc., lo máximo que hemos llegado a escuchar es que hay que estudiar caso por caso. Obvio, como sucede ahora para evitar que los hijos queden al cuidado, por ejemplo, de una madre proxeneta o un padre pederasta, y nadie da por supuesto que esto sea lo habitual en caso de divorcio.

Rozando ya los límites de la tomadura de pelo, Doña Fina Santiago se ha declarado firme partidaria de la custodia compartida, pero afirmando al mismo tiempo y en contra de la opinión de la mayoría de juristas, que un tema de derecho de familia no encaja en esta ley. Deduzco por tanto que el impago de pensiones alimenticias o compensatorias, calificadas en este proyecto de ley como violencia económica, no es para la señora consellera una cuestión que afecte a la familia, sino más bien de derecho mercantil. Quizá esta visión economicista pueda explicar por qué en sus cuatro años de gobierno tampoco ha promovido una ley ad hoc, haciendo suya la teoría del feminismo reaccionario sobre la feminización de la pobreza por culpa de la custodia compartida. Doña Fina se mostraba indignada porque media hora antes de la votación seguía negociando enmiendas, al final para nada. Confiaba a ciegas en la fuerza de la quinta columna incrustada en la oposición, y le salió rana por su prepotencia, su ceguera política y su miedo a pisar el más mínimo callo de un feminismo decimonónico que espanta a las mujeres que de verdad creen y luchan en su día a día por la igualdad sincera entre géneros, y no a beneficio de inventario. Por una vez en nuestra comunidad, la izquierda en minoría lo tenía facilísimo para aprobar una ley, con claros componentes ideológicos, votando a favor de lo que opina una inmensa mayoría social. Pero no, eso era pedir demasiado. Es mucho más fácil seguir con la cantinela boba de la ultraderecha.

Lo que no explicó el Sr. Diéguez es porqué la presión del Opus Dei es un golpe de Estado, y la del Lobby de Dones no. En cualquier caso, mi enhorabuena sincera a estas dos organizaciones por el éxito obtenido en sus gestiones con los grupos parlamentarios de la cámara, en una pinza inédita hasta la fecha que demuestra hasta qué punto es cierto que los extremos se tocan.

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