THE NEW YORK TIMES, ESPEJO DE LA PRENSA LOCAL 

        No sé si se acuerdan, pero hubo un tiempo en el que un policía putero se gastaba dinero de los fondos reservados en el casino de San Sebastián. Solía ser la noche antes de algún atentado de los GAL. A finales de los ochenta José Amedo se pegaba juergas memorables en el Kursaal a costa de nuestros impuestos. Para ser justos se ha de reconocer que administraba con cierta prudencia el fajo de billetes, porque al día siguiente tenía que pagar a los mercenarios portugueses que él mismo había reclutado para atentar contra miembros de ETA y del entorno de la izquierda abertzale. En 1991 le cayeron 108 años de prisión por seis delitos de asesinato frustrado. A este condena se le sumaron más tarde otros nueve años por el secuestro de Segundo Marey.  

       La hemeroteca puede resultar terrible, y provoca sonrojo releer ciertas páginas publicadas antes de aquellas sentencias. Para algunas mentes preclaras la guerra sucia contra ETA era un invento de periodistas batasunos, y formaba parte de una conspiración para desgastar al gobierno de Felipe González. Además, había una guerra entre medios de comunicación. Eran los años de plomo en el País Vasco, que salían a varios muertos por semana.

            Pero no solo fueron los crímenes de un policía corrupto. Todo un comandante de la Guardia Civil, que más tarde llegó a general, secuestró, torturó y asesinó a dos miembros de ETA. El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez Galindo a 75 años de prisión aplicándole el agravante de su cargo para la comisión de esos delitos. O sea, nuestro ordenamiento jurídico entiende que asfixiar a alguien con una bolsa de plástico y enterrarlo en cal viva es más grave si lo hace un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado que si lo hace un narcotraficante. Dicho de otro modo, quienes disponen del monopolio de la violencia en un Estado de Derecho están obligados a observar un cumplimiento de la legalidad aún más estricto que el resto de ciudadanos. 

           La situación a finales de lo ochenta era tan complicada que algunos prohombres de aquella democracia en pañales, de izquierdas y de derechas, periodistas, empresarios o curas, entre otros, se mostraron comprensivos con aquellas “acciones” porque, en el fondo, el fin justificaba los medios. Eran insoportables aquellas imágenes con hileras de ataúdes que se perdían al fondo del plano en el telediario. Sin embargo, a pesar de todas las maniobras políticas y mediáticas para tapar aquella basura, cuando condenaron a Amedo, a Galindo y a toda la cúpula del Ministerio del Interior por delitos gravísimos relacionados con el terrorismo de Estado nadie se atrevió a publicar que aquellas penas se impusieron para favorecer a ETA, o exculpar a sus asesinos. 

         En Mallorca no hemos conocido la tortura física ni la cal viva, pero un grupo de policías, con el beneplácito de un juez y un fiscal, coaccionaron a testigos de una causa penal, y se jactaron de sus amenazas por escrito. Para que la intimidación fuera más eficaz filtraban de manera sistemática a un medio de comunicación esas declaraciones sabiendo que eran falsas, y también dejaban claro en los textos que el periodista era un pelele a su servicio. O al menos así lo percibían ellos. A todo esto se añaden comentarios chabacanos de carácter privado que dan asco, pero no miedo. Lo relevante y lo que provoca pánico es la constatación de cómo un grupo de agentes de la autoridad fabricaban pruebas falsas, en este caso testificales, para condenar penalmente a personas ya condenadas mediáticamente. 

          Amedo pasó doce años en la cárcel, y al salir se puso a escribir. En 2006 publicó La Conspiración, y allí contaba que Pedro J. Ramírez le había pagado treinta millones de pesetas por hablar de los GAL, y que Baltasar Garzón le había presionado en su declaración para incriminar a dirigentes del PSOE en aquella trama criminal. El diario El País publicó una amplia reseña de aquel libro poniendo el foco en los posibles motivos de venganza del juez Garzón contra Felipe González para perseguir el terrorismo de Estado. La campaña de desprestigio contra Garzón fue intensa, pero nadie se atrevió a negar unos hechos probados (sicarios a sueldo pagados con fondos reservados, secuestros, torturas y asesinatos…) ni a decir que aquella instrucción se impulsó para beneficiar a ETA. En España casi todo el mundo tenía claro que los asesinos de una banda terrorista que dejó 854 muertos debían acabar en la cárcel. Pero también una mayoría tenía claro que no valía todo para liquidar a ETA. 

          Decía que en Mallorca un juez se ha puesto a investigar la posible comisión de delitos por parte de polis malos, como Amedo, pero aquí sí se ha traspasado la raya, sin tapujos, y hay periodistas que le atribuyen a ese juez la intención de beneficiar a otros imputados para que se anule toda la causa contra ellos. Esto sucede porque, a diferencia del caso de los GAL, aquí conocemos periodistas que se ataron de pies y manos a un juez instructor y a un fiscal que, como mínimo, no han hecho bien su trabajo, y por ello han sido apartados del caso. Ese era el precio a pagar por las filtraciones continuas. “No publicamos nada que no esté en el sumario”, llegué a escuchar, como si un sumario fuera la Biblia y no un documento donde se va volcando una información que es preciso contrastar durante la instrucción, sin juicios previos ni paralelos. También escuché y leí que “el juez y el fiscal dan total credibilidad a los testigos”, sin detenerse un segundo en analizar como periodistas algunas declaraciones rocambolescas y difíciles de entender aplicando el sentido común, como se ha demostrado. “Tú no crees a esa testigo porque es una prostituta”, me espetaron cuando advertí del peligro de esa estrategia informativa. Yo ponía en duda la credibilidad de una testigo protegida porque algunas de sus declaraciones eran completamente surrealistas, trabajara en un prostíbulo o en una notaría. 

         A mi me parece que en lugar de huir hacia delante disparando a todo lo que se mueve, o dando coletazos como el pez enganchado al anzuelo, convendría una reflexión del periodismo sobre el daño causado a personas que no han sido juzgadas, y sobre las que va quedando claro que se han publicado mentiras. Ese daño en la reputación adquiere la condición de irreparable precisamente por la actuación errónea de determinados profesionales de la información, que suelen ser los primeros en pedir a los demás que se disculpen cuando se equivocan, sobre todo si son políticos. 

        En el año 2000 el admiradísimo y últimamente híper citado The New York Times se disculpó en un editorial ante sus millones de lectores por la cobertura que durante meses prestó a un caso de espionaje. El diario neoyorkino reconoció haberse tragado a pie juntillas informes del FBI que resultaron completamente erróneos, y peor aún, “haber faltado a una de las normas básicas del periodismo: la neutralidad”. Y añadió: “algunos pasajes de los artículos también plantearon un problema de tono. En vez de adoptar un tono periodístico más distante de nuestras fuentes, utilizamos en ciertas ocasiones un lenguaje que traducía el sentimiento de alarma de los informes oficiales”. El periódico más influyente del mundo admitió haber jugado alegremente con la reputación de un hombre, el científico acusado, y se excusó en público. En este caso el perdón establece la diferencia entre la grandeza y la miseria moral. Si lo hizo un gigante como The New York Times bien lo podrían hacer otros medios más modestos, digo yo. No repararían el daño causado a personas que de momento son inocentes, pero al menos recuperarían parte del crédito ante los lectores que les van quedando. 

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