Columnata abierta

¿Por qué la acampada libre no está permitida en Mallorca? Hay mucha gente dispuesta a viajar hasta aquí con su tienda, o su autocaravana. En general se trata de un tipo de turistas respetuosos con el medio ambiente, y que necesariamente realizarían algún gasto, por mínimo que fuera, en manutención, transporte interior, artículos de higiene personal o souvenirs para la familia. La respuesta es sencilla. Se trata de una elección que tiene que ver con el modelo turístico de un destino limitado en territorio y recursos. Analizados los costes y beneficios asociados a este tipo de visitantes les decimos, con todos los respetos, que busquen otro destino. Aunque nadie duda que existe esa demanda, la decisión es drástica. Podríamos ser un poco más laxos y permitir tres o cuatro áreas para que cada uno instale a su conveniencia y por tiempo indefinido el iglú o la roulotte. Ello no supondría un colapso de nuestras infraestructuras, pero hemos decidido que no, porque de una u otra manera intuimos que sería el comienzo de un problema más grave de consecuencias imprevisibles.

Todo el mundo entiende que la totalidad del territorio de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera no puede ser una gran superficie donde los turistas duerman, se alimenten y disfruten de sus vacaciones como mejor les parezca. En silencio o con música, vestidos o desnudos, sobrios o ebrios. Simplemente, es impensable. Esta restricción beneficia la actividad económica de unos sectores concretos, pero no por ello deja de responder al sentido común, aunque suponga una limitación al derecho de propiedad privada. El titular de una finca rústica no puede anunciar que permite instalar cincuenta tiendas de campaña dentro de sus lindes al módico precio de diez euros el día, aunque esos ingresos le ayudarían considerablemente al mantenimiento de la propiedad, o a completar los magros beneficios que hoy proporciona una explotación agrícola en nuestra comunidad. Sin embargo esta demanda existe, y si se abriera la mano y se regularizara, aflorarían también ingresos para la Administración en forma de impuestos. Pero estamos hablando de Balears, no del inmenso estado de Arizona, ni de la provincia de Teruel, lugar precioso pero que hasta hoy no goza de gran interés entre los turistas nacionales e internacionales. Como casi siempre, el tamaño, del territorio o de la demanda, sí importa. En términos porcentuales sobre el total de la población, hay pocos propietarios de fincas rústicas en la Serra de Tramuntana. Que se apañen como puedan, pero hay una coincidencia general en que el interés común no permite alojar en su suelo y bajo las estrellas miles de excursionistas con sacos de dormir, por muy civilizados que sean.

Al parecer, en las ciudades ha calado una opinión distinta respecto al alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Además de la pobreza, la diferencia fundamental que existe entre una población del Tercer Mundo y otra de un país desarrollado está en el planeamiento urbanístico, es decir, un conjunto de instrumentos técnicos y normativos para ordenar el uso del suelo. Paseas por Katmandú o Puerto Príncipe, y puedes ver una tienda de comestibles junto a una serrería, o a un dentista extrayendo piezas al lado de un curtidor de pieles. Resultan obvias las razones por las que en Europa se separan los usos industriales del resto. Todos los planeamientos modernos distinguen también el uso residencial del turístico, y establecen determinadas incompatibilidades entre ellos. Sin embargo, este punto no parece últimamente tan claro entre los ciudadanos por tres motivos principales: en primer lugar, porque esa diferenciación beneficia a los hoteleros, y ese ya es motivo más que suficiente en Balears para estar en contra. En segundo lugar, porque existen muchos más propietarios de pisos y apartamentos que de fincas rústicas, y por tanto la restricción afecta a más individuos, que no quieren verse privados de esa posibilidad de obtener ingresos extras. Y por último por la crisis, que justifica que todo el mundo se pueda buscar la vida como pueda, incluidos los que compraron segundas residencias como inversión o con afán especulativo en los años de la orgía urbanística. Sin entrar en los graves problemas de convivencia ciudadana que acarrea, este modelo puede ser viable en Guadalajara o Lleida, pero a medio plazo es totalmente insostenible en un destino turístico de primer nivel sometido a una fuerte presión de demanda.

Aunque seas un chef genial, no puedes instalar una cocina industrial en un tercer piso y dar de cenar a buen precio, aunque pagues impuestos. Si eres un fenómeno pinchando música, no puedes montar fiestas en tu apartamento, ni cobrar por ello a los invitados, aunque después liquides el IVA. Y las consecuencias de la proliferación de aficionados a la promoción inmobiliaria trabajando por la tarde desde el salón de su casa ya las han padecido muchos con crueldad. Pero ahora las patronales de estos tres sectores, que han sufrido y sufren una salvaje competencia desleal, piden la acampada libre de turistas en cualquier vivienda plurifamiliar. Eso sí, pagando impuestos. Más les valdría defender sus negocios desde la sensatez y la coherencia, utilizando dos de los argumentos que he expuesto: primero, sólo la demanda de un producto no justifica su conveniencia, por tanto nuestro modelo turístico debe restringir el todo incluido, sometiéndolo a unas condiciones mucho más exigentes. Y segundo, el fundamento de la ordenación de usos del suelo coincide con el de las licencias de actividad, así que la posibilidad de desarrollar actividades complementarias en los negocios turísticos debería estar siempre condicionada al ejercicio de la actividad principal.