SOBREDOSIS DE POLÍTICA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Hace más de diez años fui gerente de una empresa municipal. Es obvio que no puedo otorgar a aquella experiencia profesional ningún valor estadístico, pero compruebo con tristeza y perplejidad que algunas cosas han cambiado bastante. No me vengo a referir aquí a los casos de enchufismo, al despilfarro, a las decisiones electoralistas, a las obsesiones mediáticas, en definitiva, a todo el rosario de errores que se pueden cometer desde una empresa pública provocados por su uso partidista. Como tenemos ejemplos de todos los colores, es imposible escoger unas siglas libres de culpa para que lancen la primera piedra. Las orgías pactistas nos permitieron aportar al universo de las ciencias políticas un novedoso concepto de oposición unipartidista en un sistema electoral proporcional, pero nos dejaron sin una triste virgen inmaculada con representación parlamentaria a la que encomendarse en nuestra comunidad. Esta realidad convierte algunas lecciones de moralidad que se escuchan en el Parlament en monólogos hilarantes del Club de la Comedia.

La Junta General de una sociedad anónima es el órgano de representación de sus accionistas. En el caso de una empresa municipal, los accionistas–propietarios son todos los ciudadanos de ese municipio, y por tanto sólo pueden estar representados por quienes en una democracia encarnan esa voluntad popular, es decir, los concejales del ayuntamiento. Por tanto parece lógico que, por su propia composición, en ese órgano de gobierno societario se reproduzca de alguna manera el debate político propio de un pleno municipal. Incluso la propia ubicación física de las sesiones de la Junta General en el salón de Plenos del Ayuntamiento induce o favorece esa dialéctica partidista. Nada que objetar, pero un Consejo de Administración es otra cosa. Aquí se sientan los administradores de una sociedad anónima, con responsabilidades personales por los actos lesivos que pudieran realizar en el ejercicio de su cargo. Da igual que el consejero sea al mismo tiempo un regidor, o esté nombrado a propuesta de una formación política. La responsabilidad es personal e intransferible. Pero es que además, según el artículo 127.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, deberán desempeñar su cargo “con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal”. Es obvio que la lealtad exigida por la ley al administrador-consejero es a la empresa, no al partido político que representa o lo propone. En la mayoría de ocasiones los puntos del orden del día de un Consejo de Administración se refieren a cuestiones marcadas por el ordenamiento jurídico o los estatutos de la sociedad, y que tienen que ver con el giro normal de la compañía. Por tanto, llevar la confrontación política, el tono mitinero del “y tú más” y los ajustes de cuentas pasadas a este órgano societario como norma general no sólo es irresponsable, sino que choca frontalmente con el ejercicio diligente del cargo exigido por la legislación mercantil. Porque el administrador está para hacer objeciones, claro, pero siempre acompañadas de propuestas realistas y viables que no impidan o bloqueen la actividad de la empresa, a menudo un servicio público esencial. Y aún peor: ese misma confusión de roles lleva a retransmitir ipso facto y con detalles las deliberaciones del consejo al periodista de turno como si fueran las refriegas partidistas de un pleno o una comisión municipal. Esto supone una deslealtad total al resto de miembros del consejo de administración, muy especialmente a los que no están allí en función de un cargo político, y una prueba más de la sobredosis de política que intoxica innecesariamente la gestión de las empresas públicas.

Algunos pensarán que todo esto es un brindis al sol, el cántico a los pajaritos de un alma cándida, porque las cosas siempre han sido y serán así. Pero no es cierto: en muchos consejos de administración pude escuchar hace años las intervenciones de Toni Roig del PSOE, de Biel Barceló del PSM, del difunto Ferrán Trujillo de UM, o de Pedro Álvarez del PP. Hubo acuerdos, bastantes, y discrepancias, algunas, pero siempre dentro de un estilo de juego alejado de los golpes típicos entre gobierno y oposición, que sí que se intercambiaban en el foro adecuado. Da la sensación que el fair-play y la actitud cabal han pasado a la historia, y nos coloca frente a la cruda realidad del nivel de muchos de los actuales políticos, y bajando.

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