Columnata abierta

En las últimas semanas hemos conocido por los medios de comunicación el caso de una niña de cuatro años que debía ser entregada por su familia de acogida al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales porque el padre biológico reclamaba su tutela. Me imagino la situación desgarradora de esa joven pareja, separada de un ser al que seguro han cuidado y querido de la mejor manera que han sabido.

Muchas de las decisiones importantes en la vida lo son porque pueden determinar tu futuro y el de otros de una manera irreversible. En esta época de titulaciones, certificados, licenciaturas, diplomaturas, pruebas de acceso, colegiaciones obligatorias, oposiciones, concursos, exámenes, capacitaciones, procesos de selección, y seguros de responsabilidad civil que cubran una posible mala praxis profesional, la única condición realmente trascendente para la que no se exige ningún requisito previo es la maternidad o paternidad biológica. Así es desde el principio de los tiempos, y nunca podrá ser de otra manera, porque en ningún sitio está escrito que la naturaleza sea justa. Por tanto, existe la posibilidad real que especímenes humanos potencialmente indeseables se conviertan en progenitores biológicos. Sin entrar en los detalles escabrosos, el caso que nos ocupa tiene toda la pinta de ser un ejemplo de ello. Pero a una familia de adopción o de acogida la administración pública competente sí le exige unos requisitos, y muy estrictos, para hacerse cargo de un menor. Con todo mi respeto para la pareja que ha dado todo su cariño a esta pequeña, es imposible cometer tantos errores garrafales en un asunto tan complejo y delicado como éste. Como cuestión de principio, ya el rosario de declaraciones a los medios de comunicación sobre un tema que afecta a un menor ha jugado directamente en su contra. Por los periódicos nos hemos enterado que les parecía excesiva la duración de las visitas del padre biológico que habían establecido los responsables del IMAS, así que decidieron incumplirlo, eso sí, aportando los oportunos certificados médicos. El día que debían entregar a la niña se presentan con ella rodeados de familiares, amigos, vecinos, fotógrafos y periodistas que cubren la noticia, y se niegan a dejarla porque los funcionarios no salen a la calle a recogerla y participar en la pública puesta en escena de la separación. Anuncian una rueda de comparecencias en programas de televisión que han demostrado un interés por defender los derechos del menor similar al que tengo yo por la reproducción de las amebas a través de la fisión binaria. En otra entrevista, la madre de acogida nos revela a todos, incluido el padre biológico, que le han puesto un detective. Nos cuenta que le han fotografiado en una céntrica terraza de Palma con una mujer con un hematoma en un brazo, así que todo parece indicar que la maltrata. Finalmente, organizan una manifestación y se presentan con la niña en brazos ante los medios de comunicación allí convocados. Sólo me queda una duda: ¿nadie avisó a esta pareja de las equivocaciones que estaban cometiendo? ¿ninguna persona de confianza les advirtió de ese cúmulo de disparates y de sus posibles y nefastas consecuencias? No dudo de su buena fe, y doy por hecho que estaban informados de sus derechos y obligaciones como familia de acogida respecto a la menor, y también de su posición respecto a los padres biológicos. Pero si no estaban correctamente asesorados para actuar con prudencia, sensatez y discreción, y aunque ellos no sean expertos en derecho de familia, ¿tampoco leían las revistas del corazón? ¿ni siquiera veían la telebasura cuando la Fiscalía de Menores advirtió severamente a Belén Esteban por la reiterada exposición de su hija a la opinión pública? Por último, además de cumplir con la obligación legal de pixelar las fotografías del rostro de la menor, no estaría de más una cierta autocrítica de la prensa que se pretende seria y rigurosa a la hora de dar cobertura y prejuzgar unos casos en los que el principal perjudicado no puede ser más inocente.