I TOT AIXÒ, QUI HO PAGA?

Es verdad conocida que Madrid ens roba. Existe consenso generalizado en el maltrato fiscal, el déficit de inversiones estatales y unos elevados costes de insularidad no compensados por la administración central. Ni tenemos ni tendremos AVE en las Islas Baleares, y el aeropuerto de Palma funciona como una inmensa máquina recaudadora para financiar otras infraestructuras deficitarias en la península. Así que, para variar una poco, hoy hablaremos de una decena de residentes en Mallorca a los que Madrid les ha devuelto una pequeña parte de lo aquí, desde la cercanía, les robaron.


Algunos pensarán que el giro del caso Cursach -las rebajas, según el periodismo más ocurrente y contumaz- ha venido provocado por un cepillado final del escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Pero eso sería quedarse muy cortos. Más ajustado a la realidad sería explicar que, a doce días de iniciarse el juicio, la Fiscalía Anticorrupción en Madrid ha amputado más de la mitad de un texto que acusaba a personas de graves delitos basándose en las declaraciones de testigos de nula credibilidad, alguno incluso condenado en firme por falso testimonio.


No estamos hablando de la eliminación de frases con juicios de valor excesivos, o de algún párrafo de dudoso interés para la causa. Tampoco se han incorporado matices fácticos o revisiones de las calificaciones jurídicas. Hablamos de páginas completas suprimidas de un plumazo porque describían hechos absurdos a poco que se aplicara el sentido común. La Fiscalía es un órgano jerarquizado, y los que mandan -ay, Madrid- han ordenado eliminar de cuajo una narración alucinada que ponía el broche final a una instrucción de locos. Esto último no lo digo yo, lo afirman los peritos que examinaron al juez instructor y al fiscal de la causa, apartados ya de la carrera judicial por la gravedad de sus conductas durante la investigación.


Una pésima instrucción que conculca las normas procesales en un Estado de Derecho puede acarrear dos tipos de fracasos: o se lleva por delante a personas inocentes -todos lo somos hasta que no se demuestra lo contrario- o permite que algunos malos se vayan de rositas. Es muy probable que en este caso se hayan cosechado ambas derrotas.


Por el camino han quedado vidas destrozadas, reputaciones maltrechas y ruina económica. También, todo hay que decirlo, carreras periodísticas manchadas para siempre, bien ante la opinión pública o lo que es peor, ante el resto de la profesión. El error se comprende. No hay un solo periodista al que no le hayan colado alguna información viciada. Lo que no se sostiene es el ensañamiento de una estrategia mantenida durante portadas y años sin hacerse una sola pregunta sobre las contradicciones de algunos testigos y lo inverosímil de sus relatos.


Maletines repletos de cocaína pasando por la puerta principal de la discoteca más concurrida de Palma mientras los clientes hacen cola para entrar. Empresarios pagando de su bolsillo en billetes de 500 euros los servicios a una madame, a la hora del Angelus y entre punto y punto de una partida de pádel que se juega delante de la cafetería del club. Un político conocido por su extrema prudencia para no ser grabado por contratistas del Ayuntamiento frecuentando prostitutas en un piso de una céntrica calle de Palma. Y en este plan. A todo esto algunos medios le dieron crédito sin importar las consecuencias de su publicación sin filtros. Del sumario -esa biblia apócrifa- a los titulares sin ni siquiera alzar una ceja o rascarse el cogote en un segundo de duda.


Semejante espectáculo pirotécnico en redacciones y juzgados ha tenido un coste brutal para individuos con nombre y apellidos. Como aquel Josep Pla deslumbrado ante el despliegue lumínico de los neones en Times Square, ahora cabría preguntar: escolti, i tot això, qui ho paga?. Por desgracia, en lo que se refiere a reparaciones del honor España no es como Estados Unidos. Ninguna de las personas que ahora han desaparecido abruptamente de la causa va a recibir quince millones de dólares de indemnización como Johnny Depp.


Ni cinco, ni uno, ni medio millón. Por lo que estamos escuchando y leyendo, se intuye que los que violaron la presunción de inocencia y las más elementales normas deontológicas de la justicia y el periodismo ni siquiera se van a disculpar. Daría por buena esa cobardía si al menos toda esta infamia moviera a sus responsables a un reflexión individual. Quizá la próxima, si no están en el paro o jubilados, vayan con más tiento.

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