POSJUSTICIA

Dominique Wolton quizá sea hoy el principal referente intelectual europeo en teorías de información y comunicación. Desde hace años viene alertando sobre los peligros de que el periodismo caiga en la ilusión del cuarto poder, porque lo considera “la degradación del contrapoder, no su victoria”. Y añade: “el periodista no es ni compañero del ciudadano, ni compañero del poder, ni del juez”. Por eso cree que debe batirse en dos frentes: contra el poder y los grupos de presión, y al mismo tiempo contra los receptores de la información, que en su mayoría no quieren oír lo que va a contracorriente de sus elecciones. Aquí aparece el efecto nocivo de la economía capitalista. Hoy más que nunca la información se ha convertido en mercancía a vender, y el mundo digital ha hecho saltar por los aires las normas que regían ese mercado. Con el pretexto de la claridad y el afán por llegar a un público más amplio, los mensajes se someten a un proceso de simplificación que roza la caricatura. Es la ola propia de la política actual, a la que primero se subieron los medios digitales, luego las televisiones, y finalmente los periódicos que no han llegado a quebrar, aún. Este estilo empleado en la información deportiva, o incluso en la parlamentaria, es inocuo. Sin embargo, aplicado a un procedimiento penal resulta incompatible con el concepto mismo de justicia. El caso de la Infanta Cristina es demoledor.

Cada vez que escucho a alguien explicar una sentencia con un ejemplo “para que lo entienda todo el mundo”, me pongo a temblar. Una parte de la población en España es capaz de distinguir entre una multa y una responsabilidad civil a título lucrativo. Deben ser pocos, o al menos insuficientes para sostener económicamente los medios de comunicación de pago, porque se prefiere abreviar para concluir que “a la Infanta le ha salido a devolver”. Ese periodismo de zasca, tan ocurrente, pierde su valor porque se convierte en otra cosa. Curiosamente el lector piensa que cada vez maneja más información y sabe más de Derecho, cuando en realidad se le trata como a un completo idiota. Es más, si una persona sensata se llega a plantear su propia falta de pericia porque intuye la complejidad de un proceso penal, de inmediato se le saca de dudas: si no entiendes una sentencia no es por tu carencia de conocimientos jurídicos, es porque los jueces nos quieren liar. Este argumento no se plantea en el campo de la física cuántica, ni en el de la ingeniería aeronáutica, pero hace furor cuando se comentan decisiones judiciales que precisan de una lectura concienzuda incluso para los profesionales del Derecho. Si el fallo no se ajusta a la conclusión que se tenía establecida antes del juicio, se critica la sentencia mediante un mecanismo que destroza el axioma de una justicia ciega, es decir, aquella que no mira a las personas, sino a los hechos.

El ensañamiento con Cristina de Borbón ha llegado a tal punto que escribiendo algunas obviedades queda uno como su abogado defensor, o un monárquico recalcitrante. Francamente, me da igual. No tendría inconveniente en aceptar a un Sandro Pertini para presidir la Tercera República española, pero para ello no es necesario convertir esta columna en un paredón de fusilamientos borbónicos. Si se critica la legión de letrados al servicio de la Infanta, no precisamente baratos, de paso convendría aclarar que los paga ella, porque la sentencia absolutoria no le exime de todas las costas judiciales. Tanta inteligencia puesta al servicio de su defensa demostraría la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia. Pero si ese mismo equipo de abogados decide no recurrir el pago de la responsabilidad civil a título lucrativo, entonces la Infanta está admitiendo los delitos de su marido. Se inventa así una posjusticia que impone condenas alternativas, redondas, inapelables, firmes sin necesidad de recursos previos. Condenada por defenderse, y también por no hacerlo. La posibilidad sugerida por alguno de sus abogados de apelar al mal llamado “derecho al olvido” en Internet – para bloquear en los buscadores sus imágenes declarando como acusada en el juicio- ha amagado la crucifixión final de la hermana del Rey. Hasta aquí podíamos llegar, que incluso pretenda dejar sin efecto la pena de banquillo utilizando un mecanismo judicial que está al alcance de cualquier ciudadano, pero no de esta señora. Como si eso le fuera a devolver el honor, algo imposible a estas alturas. La queremos igual al resto, pero no para todo.

La confusión interesada del plano moral con el penal es un combustible perfecto para la ira social. El discurso permanente sobre una desigualdad sistémica de los ciudadanos ante la ley no sólo es hiperbólico, es peligroso. Además es irresponsable cuando se propaga cada día desde determinados medios de comunicación. Y finalmente es suicida para los periódicos de pago. Este sermón incendiario es hoy fácil de colocar para recibir el aplauso gratuito de una masa indignada, pero es imposible de vender entre un amplio segmento de lectores mesurados -de derechas y de izquierdas, monárquicos y republicanos- que es el que todavía hoy sigue dispuesto a pagar por información, análisis y opinión rigurosas.

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