Columnata abierta

El vendaval económico de estos últimos años ha ahogado a los menos pudientes y zarandeado a las clases medias como no se había visto en décadas. Sólo por esto, la amenaza de huelga en EMAYA para estas navidades es un escarnio para el ciudadano común que obliga a plantearse algunas reflexiones de fondo y para el futuro. Me refiero a la mera amenaza de huelga, porque quiero pensar que la sensatez de la mayoría de sus trabajadores va a impedir que Palma luzca rebosante de mierda ante los ojos y narices de sus vecinos y visitantes durante estas fechas.

Además de Palma, la única ciudad de España que mantiene el servicio de limpieza en manos de una empresa pública es Sevilla. Incluso Córdoba, el califato rojo gobernado durante años por Izquierda Unida, ha privatizado su gestión. En todas las demás capitales y ciudades de cierto tamaño se ha terminado optando por concesiones a través de concursos públicos. No hablamos de servicios básicos e irrenunciables para el modelo de Estado social que nos hemos dado, como la sanidad o la educación. Tampoco de infraestructuras estratégicas para una economía insular, como un aeropuerto. Ni siquiera nos planteamos qué hacer con el suministro de agua. De lo que estamos hablando es de escobas, mangueras y camiones para recoger los residuos y transportarlos para su tratamiento. Por supuesto, también hablamos de las personas que hacen funcionar esos camiones, y utilizan las escobas y las mangueras.

Que algunos líderes sindicales tengan la desfachatez de plantear una huelga indefinida en defensa de un complemento salarial de nocturnidad que afecta a un 2% de la plantilla, demuestra el insólito grado de descomposición moral que están alcanzando estas organizaciones. El asunto es tan alucinante que no queda más remedio que indagar un poco hasta descubrir que dos de los caudillos del comité de empresa que alientan este paro están afectados directamente por la medida. A mi la legión. Como el motivo no sólo es débil sino que apesta a egoísmo, se intenta colectivizar la medida y asustar al personal como si formara parte de un ataque masivo a todos los trabajadores. O sea, una huelga preventiva, un aviso para acojonar, sabiendo que planteada en verano nos podría colocar en portada de los periódicos de media Europa y destrozar la temporada turística.

Yo no puedo calificar de mangantes y desvergonzados a quienes utilizan el legítimo derecho de huelga para defender prebendas personales. Mi derecho a opinar libremente está limitado por el derecho al honor de otros. Sin embargo, si planteo una regulación del derecho de huelga me van a emparentar directamente con Franco. Así que, como ciudadano amenazado por una huelga desproporcionada, me limito a analizar los pros y los contras del actual modelo. Cualquier empresa privada podría encargarse de la limpieza de Palma rebajando automáticamente sus gastos en un tercio. El coste medio empresa de un peón para EMAYA supera los 40.000 euros al año. En cualquiera de las grandes concesionarias de este país se sitúa en torno a los 28.000. Sobre la injusticia de esta diferencia abismal en el salario de personal no cualificado habrá diversas opiniones. Yo comparto la de una pléyade de universitarios mileuristas con varios idiomas y estudios de postgrado.

Hace unos meses este mismo comité de empresa armó otro cirio por el despido de dos reconocidos expertos en el arte de no ir a trabajar inventando enfermedades. Desconozco si la dirección de EMAYA ha optado por ceder y no molestar demasiado a los golfos, pero lo cierto es que el absentismo se ha vuelto a disparar hasta un escandaloso 12%, el doble de la media en cualquier empresa seria.

Además de las tarifas de agua y recogida de basuras que pagamos los ciudadanos, EMAYA recibe de los presupuestos municipales de Palma una subvención de 17 millones de euros. A pesar de ello, su informe de auditoría de 2011 señalaba un déficit de inversiones en infraestructuras básicas de 33 millones de euros.

O sea, que tenemos una empresa cara, ineficiente, obsoleta y poco tecnificada. Y su sobrecoste no sólo no nos supone como contribuyentes una mayor calidad del servicio, o una flexibilidad a la hora de optimizar los recursos de la empresa y ajustarlos a las necesidades operativas, sino que tampoco nos garantiza la paz social y la continuidad de las tareas diarias. Entonces, ¿qué ventajas obtenemos los ciudadanos de ese oneroso modelo de gestión a través de una empresa pública? Si la única manera de evitar los conflictos es mantener intacta una empresa con unas estructuras jurásicas, entonces no quiero que se siente ningún político frente a ese comité de huelga. Ante la amenaza de una ciudad rebosante de porquería, el Presidente de EMAYA sigue insistiendo en que la empresa no se va a privatizar. Gracias, pero llegados a esta situación quizá sea preferible que negocie alguien que no pueda ser chantajeado por unas elecciones cada cuatro años. El cristo se montará igual, las calles estarán hechas un asco, pero al menos la broma no nos saldrá tan cara.